Entrevista a Javier Allué

Por José Juan Verón.

Javier Allué es el Comisionado para la Lucha contra la Despoblación del Gobierno de Aragón, cargo en el que cumple un año en marzo de 2019. Este tiempo le ha servido para identificar una serie de palancas que es necesario mover para que se pueda frenar el fenómeno de la despoblación y acometer un verdadero proceso de revitalización del medio rural. No rehúye la pregunta directa sobre si este tipo de cargos tienen una utilidad real, huye del concepto de “la España vacía” y reivindica el desarrollo decidido de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007 como un instrumento útil, válido y que “se podría poner en marcha mañana mismo”.

“La principal utilidad de cargos como el mío es que sirven para orientar la acción del Gobierno para que todas las políticas que pone en marcha incluyan esta perspectiva; este es el encargo que tuve del Presidente de Aragón y creo que se ha cumplido, pero ya no por mí sino porque existe esta sensibilidad en el Gobierno”, asegura. Y da un dato para apoyar esta afirmación: “Este curso tenemos en Aragón 100 escuelas rurales abiertas que con criterios del gobierno anterior se hubiesen cerrado pues tienen entre 3 y 6 alumnos; pero el mérito de esto es por tener un Observatorio de la Escuela Rural que funciona desde el territorio”.

Puede parecer que un año no es mucho tiempo, pero Allué no parte cero. Por un lado tiene amplia experiencia política en el ámbito local: nació en Ejea de los Caballeros donde fue concejal entre 1995 y 2003, y más tarde entre 2007 y 2011; también fue diputado autonómico entre 1999 y 2011, y director general de Relaciones Institucionales y con las Cortes, todo ello desde su militancia en el PAR, partido donde ocupó cargos orgánicos locales y que abandonó en 2015 por discrepancias con la dirección. Ahora se enfrenta al reto de impulsar y coordinar medidas contra un fenómeno que en Aragón se traduce en la existencia de  576 municipios dependientes, de los que más de 200 son municipios dependientes de difícil viabilidad, de acuerdo con la Orden de asentamientos, que se publica cada año.

Allué explica que se apoya en la experiencia acumulada en la lucha contra la despoblación: “Parece que se ha descubierto ahora que la despoblación es uno de nuestros grandes problemas, pero llevamos más de 20 años trabajando en ello. En el año 2000 Aragón fue pionero en la planificación y aprobó el primer plan integral para luchar contra la despoblación. Posteriormente se hizo una Ley de Ordenación del Territorio, una Estrategia de Ordenación del Territorio en 2014, y una Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación de 2017 que es un buen documento para regir las políticas de los distintos departamentos del Gobierno de Aragón. Desde ese punto de vista se han hecho bien las cosas”. A día de hoy se están haciendo las cosas mejor

También en el ámbito español asegura que existen las bases necesarias para poder trabajar sobre este fenómeno. Allué es firme defensor de la reactivación y puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007 y asegura que “está durmiendo en un cajón cuando es un instrumento muy válido”. “Llegó un Gobierno y no lo quiso aplicar, ya no digo si por la crisis o por la falta de voluntad; pero es fundamental reactivarla con las mejoras o actualizaciones que sean necesarias y con dotación presupuestaria”, remarca.

Todavía más, recuerda que en 2015 se aprobaron en el Senado una serie de conclusiones tras unas ponencias sobre el reto demográfico. “Hubo una general y otra específica sobre zonas de montaña, que en Aragón supone la mayor parte de su territorio de sur a norte”, afirma. “Y también tenemos un documento muy bueno en las directrices aprobadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya comisión de despoblación dirige Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza”, remarca.

Todas estas acciones deberían coordinarse con una estrategia nacional que estaba a punto de ser presentada cuando se convocaron las elecciones generales. El comisionado aragonés destaca que se trata de un documento con aportaciones de todas las comunidades y que no debe interpretarse como una cuestión partidista porque se trata de un asunto fundamental para el futuro de España. “Y tenemos la Ley de 2007 que no está derogada y es un instrumento muy bueno porque, entre otras cosas, fija metodologías de trabajo muy operativas con las que en Aragón, por ejemplo, tenemos varios proyectos piloto en zonas muy concretas en aplicación de esta Ley y que se quedaron sin desarrollar”, señala.

Metodología: planes comarcales a medio plazo

Estos planes piloto y esta metodología implican en el desarrollo de los proyectos a los grupos de acción local y a las administraciones locales, particularmente a las comarcas en el caso aragonés, indica Allué. De hecho, señala que Aragón solicitó que la estrategia nacional que se debe aplicar se base en la metodología de trabajo de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

 “Tenemos el diagnóstico y el catálogo de medidas, y con esto ya debería ser suficiente para ponerse a trabajar. Además, la metodología de aplicación está en la Ley de 2007 a la que se dejó sin financiación. La cuestión es que todas las acciones estén alineadas y que se parta de las comarcas y de los grupos de acción local, que deberían ganar en importancia en lo que se refiere a la dinamización del medio rural”, afirma con vehemencia.

Así, Allué coincide en que las bases para atacar el problema está más que listas y que también existe de partida un extenso y completo catálogo de medidas, e incluso la normativa y la reglamentación necesaria para actuar. “El problema es que no se ha aplicado hasta el momento la voluntad política de avanzar de una manera coordinada entre todas las administraciones”, se lamenta.

Su propuesta es clara: un plan de desarrollo sostenible por comarca con una duración de 4 años y que debería implicar a todas las administraciones, con indicaciones claras para orientar las inversiones de todas las instituciones en este periodo. Considera que de este modo se aprovecharían mucho mejor los recursos y se lograría aprovechar mejor la iniciativa privada. 

“Es necesario planificar y redirigir las políticas que se hacen desde todas las instituciones, desde los ayuntamientos, las comarcas o las diputaciones provinciales a los gobiernos autonómicos y el central. El problema es la voluntad política de ir adelante con todo esto de manera coordinada por parte de todas las administraciones”, afirma Allué. 

La despoblación más allá de la moda

Para alguien que lleva más de 25 años en la pelea, el momento actual de efervescencia del fenómeno de la despoblación aparece con una mezcla de esperanza y de sorpresa. “Huyo del discurso de la España Vacía y me quedo con el del idilio rural u orgullo rural (y cita a Eduardo Moyano ). El discurso de la España vacía ha servido para colocar el problema en la agenda de las administraciones y de la política, pero es muy parcial, falsea la realidad y está protagonizado por gentes que muchas veces no han puesto un pie en un pueblo.  Y eso no tengo por qué aceptarlo. No analiza el problema desde todas las perspectivas”, explica.

Allué defiende que el orgullo rural “nace desde quienes viven en el territorio y que quieren defender esos valores, que quieren vivir allí y tener una vida plena, y ahí es donde tienen que aportar las administraciones”.

Tampoco cabe una visión muy localista del fenómeno: “Por una parte exige ir al medio y ver las características que tiene el despoblamiento en cada lugar, porque aunque el fenómeno es general no tiene las mismas características y las mismas razones en todas partes. Pero el problema no se analiza mirándose el ombligo; no es solo de Teruel, ni de Soria, ni de la provincia de Zaragoza ni de Huesca; es de todos ellos y de casi toda España”.

“Es importante que se entienda que el problema no es únicamente del medio rural, sino que es un problema de todos, empezando por aquellos que viven en las ciudades. Y tampoco es únicamente español, sino europeo. A principios de siglo XX Europa concentradaba el 25% de la población mundial, ahora es el 10% y para 2050 será menos del 7%.  Y todo concentrado en las grandes ciudades”, reflexiona.

En este sentido, considera que el trabajo debe realizarse a distintas escalas, partiendo de dos conceptos: igualdad y libertad. “El tema ha explotado ahora por la movilización de mucha gente, pues la despoblación está generando una enorme desigualdad por la falta de oportunidades en el territorio. Pero también es un problema de libertad, la libertad de vivir donde quieres. A nadie se le puede decir que tiene que vivir en un sitio u otro”, destaca.

“El primer objetivo debe estar en los que han decidido vivir en el territorio y después hacer políticas de atracción y de poblamiento con la combinación de varios factores: consolidación de los servicios básicos y generación de oportunidades de empleo, pero es un tema con muchas aristas”, indica el comisionado.

Considera que es necesario legislar para el medio rural: “Cada vez que se haga una normativa, que se tenga en cuenta como ya estamos haciendo en Aragón”. También aboga porque se atienda a casos como el de Sabiñánigo que tiene 52 núcleos habitados y que “debería ser objeto de financiación diferenciada tanto por la Comunidad como por el Estado, aunque la responsabilidad de la financiación local es del Gobierno central”.

Allué asegura que también debe haber una mayor responsabilidad por parte del ámbito local: “Algunos sitios no admiten bien a los que llegan de fuera y quieren vivir allí, es todo muy complejo”. Así, aboga por políticas que favorezca la llegada de nuevos pobladores y la natalidad en el territorio.

400 funcionarios de viaje diario

El comisionado aragonés resalta lo complejo de abordar un fenómeno con tantos factores y explica que uno de ellos está en el componente cultural: “La despoblación no se produce únicamente por el abandono de las instituciones, también tiene un fenómeno de componente natural y cultural que tenemos que entender y con el que debemos convivir”. Para contrarrestarlo aboga por divulgar lo positivo que tiene la vida en el medio rural.

“Vamos a poner un ejemplo con Daroca, que puede encarnar este problema. Tiene 400 funcionarios, de los que 300 trabajan en el centro penitenciario. De los 400 residen allí 20 y el resto va y viene a Zaragoza todos los días. Imaginemos lo que supondría para Daroca que vivieran allí; no necesita generar más empleo, ya lo tiene”. El problema para Allué es lo que se puede hacer desde un ayuntamiento para incentivar que estas personas, que además por su trabajo tienen una situación económica estable, residan en la población. “Pues muy poco porque el centro penitenciario promueve el viaje gratuito con Zaragoza. Además, se promueve una central de compras que deja sin ventas a los comercios del municipio”, lamenta. Y esto pasa en Cariñena y en otros muchos lugares, y hasta en cabeceras importantes como Calatayud. “¿Si la gente no se queda en estos sitios, cómo nos vamos a plantear que vaya alguien a vivir a Olba, Abejuela, Cu

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