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A veces es bueno pararse a pensar un poco en aquellos términos o palabras que utilizamos con frecuencia, normalmente asignándoles un determinado significado, que no tiene por qué corresponderse con la realidad.  Y es importante, porque del uso de determinados adjetivos se desprende muchas veces la connotación u orientación de una determinada política.  Es el caso de las políticas de desarrollo rural, y qué entendemos por “rural”.

Miguel A. Gracia Santos (publicado en consultoraeuropea)

Esto me ha venido a la cabeza mientras leía, estos días, un artículo sobre tipologías de áreas rurales (el proyecto EDORA, del que ya tuvimos ocasión de hablar en este blog), y también una simpática caracterización de las áreas rurales, que tuve ocasión de leer en el nº 24 de la “Revista rural de la UE”.  Ésta incluía términos en ocasiones tan poéticos como “remansos asolados”, y “zonas rurales idílicas”.
Una primera pregunta que me hacía, inevitablemente, era: “¿En qué categoría entran las zonas rurales que yo conozco?”.  Pero, yendo más allá, me preguntaba, ¿hasta qué punto son rurales las zonas rurales?”.  Y es que, habitualmente, identificamos rural con agrario, y también, lo identificamos con poco poblado, remoto, o peor aún, con atrasado, cutre, o rústico (que la RAE define como “relativo al campo”, pero también “tosco; poco trabajado, sin pulimentar”.
Comparto una pequeña exploración que me he permitido realizar entre tres comarcas rurales de la provincia de Teruel: una es el Bajo Aragón (con una importante cabecera comarcal, Alcañiz), y las otras son Gúdar-Javalambre y la Sierra de Albarracín, zonas de sierras del Sistema Ibérico que se identificarían más fácilmente con ese tipo de “remansos asolados” o “región rural remota”.  Es más, hay quien sitúa en la sierra de Albarracín la “zona cero” de la despoblación, el epicentro de ese tremendo lugar llamado la “Laponia del sur”…
Como decimos, tendemos a identificar lo rural con lo agrario, y orientar gran parte de las políticas y los recursos a lo agrario.  Sin embargo, los datos nos dicen que, en las tres comarcas, el peso del sector primario es en torno al 4-5% de la economía (VAB comarcal), por debajo de los demás sectores del 13-17% de la construcción (los datos de son de 2017, una vez superada la burbuja inmobiliaria…), y desde luego por debajo del sector servicios (que se mueve en torno al 60%).
Los datos del empleo corroboran esta tendencia: el empleo agrario (en términos de afiliados a la S.S.) oscila entre el 10% y el 15% de la población activa, mientras el sector servicios (que va desde el turismo y la hostelería, a las finanzas y a todos los servicios públicos) aglutina entre el 57% y el 74% del empleo.
Es decir, hablamos de comarcas mucho más terciarizadas de lo que nos parece, los datos no reflejarían esa idea de un “rural agrario”, al menos en estos territorios.
No obstante, se dedica mucho dinero a sostener la agricultura y la ganadería.  Si nos fijamos en el régimen de pago básico de la PAC, éste deja cada año más de 5 millones de euros en la comarca del Bajo Aragón, 2,3 millones en Gúdar-Javalambre, y casi millón y medio de euros en la sierra de Albarracín.  Cifras que se reparten desigualmente (en el Bajo Aragón, los 10 principales perceptores -hay 1017- se llevan casi el 12% del montante de ayudas, pero el 22% de los perceptores reciben menos de 1000 euros), pero que tienen un peso fundamental para sostener el sector: en Gúdar-Javalambre y Albarracín, sólo esta Medida de la PAC representa un tercio del VAB comarcal agrario; dicho de otra manera, sin esta ayuda de la PAC el sector primario de estas comarcas, posiblemente, desaparecería.
El montante del pago básico, dedicado al mantenimiento más elemental de la renta de agricultores y ganaderos, contrasta con el dedicado, precisamente, a la diversificación de las economías rurales, a través de la Iniciativa LEADER; de este modo, vemos que las aportaciones de Fondos europeos para el pago básico son entre 5 y 10 veces superiores a la dotación europea para la diversificación y la innovación del tejido económico rural.
Sinceramente, creo que estas cifras merecen una reflexión, en torno, al menos, a tres ideas:

• A pesar del carácter “no agrario” de muchas comarcas rurales, las ayudas son una especie de “café para todos”, que no tienen en cuenta las peculiaridades de cada zona, y que terminan destinando un gran volumen de recursos económicos al sostenimiento de una actividad de la que viven pocas personas y que genera poco valor añadido, es decir, con escaso o nulo efecto tractor. Dicho de otra manera, estas grandes ayudas públicas van a parar a muy pocas personas, muchas de las cuales, seguramente, no las necesitan para vivir.  Este dato es consistente, además de con la distribución que hemos visto, con noticias de la prensa, y con estudios que se han realizado por parte de las instituciones europeas.


• Las ayudas LEADER son irrisorias, en comparación con las aportaciones del primer Pilar de la PAC (del que aquí hemos considerado solamente una de sus Medidas); y, sin embargo, se le exige al programa LEADER que tenga capacidad de tracción y de atracción de nuevas iniciativas emprendedoras, más que a ninguna otra fuente de recursos públicos (y, de hecho, demuestra muchas veces dicha capacidad). Y, al mismo tiempo, parece darse por sentado que “las ayudas de la PAC” (el pago básico) sean un subsidio, sin nada a cambio, un “fondo perdido” en el sentido más literal.


• Es difícil hacer análisis contrafactual y, como decimos, seguramente sin ayudas básicas, el sector primario desaparecería en muchos lugares. Sin embargo, lo que parece claro es que este volumen de ayuda (nada desdeñable) no consigue, por sí solo, ni recuperar el sector, ni hacerlo más competitivo, ni fijar población, ni nada de eso que se supone que tendría que lograr. También es verdad que habría que hablar de precios agrícolas, de volatilidad, de globalización, y de muchas otras cosas, pero eso no impide la necesaria autocrítica sobre el destino y eficacia de las ayudas.
  Todo ello refuerza, entre otras cosas, la necesidad de profundizar en los análisis de tipologías de áreas rurales, y que las mismas sirviesen de base para la asignación de los recursos públicos, también dentro de las políticas europeas.  La necesaria elaboración de Planes Estratégicos de la PAC a nivel de Estado Miembro (y, en España, también a nivel de Comunidad Autónoma), tal como marca la nueva reglamentación de la PAC para el periodo 2020-2027 -actualmente en elaboración-, podría abrir una ventana de oportunidad para “afinar” dicha asignación de recursos, pero mucho me temo que las negociaciones en los diferentes niveles (Bruselas, Madrid, Zaragoza…) tienden más a garantizar el statu quo vigente, que a promover un modelo diferente de hacer las cosas y usar los recursos económicos, que tuviera también efectos diferentes…Y ya sabemos lo que dijo Einstein.